5 de febrero de 2016

La rapiña en el PAMI ------------------------

TAN RUIN  Y  REPUDIABLE COMO
ROBAR FLORES DE LAS TUMBAS  


   Luciano di Césare es un revolucionario kirchnerista que ocupó un cargo de relevancia dentro del modelo nacional y popular: nada menos que la presidencia del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con alrededor de cinco millones de afiliados, más conocido por la sigla PAMI, Programa de Atención Médica Integral.
   El organismo maneja cifras siderales de dinero y brinda una atención evaluada como correcta, salvo quejas que a veces se interponen por la dudosa calidad de algunos servicios, entre ellos el último en la vida que es el de sepelios.
   La tentación sobre el manejo de tan cuantiosos fondos ha llegado en ciertos casos a disponer de ellos lejos de su destino legal y habitual para aplicarlos a otras necesidades coyunturales -o no- del gobierno, al igual que lo sucedido con la enorme y codiciada caja de la Administración Nacional de Seguros de Salud (Ansses).
   En noviembre último Di Césare habría cometido tres delitos que fueron denunciados y por los que está procesado: "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta" y "negociaciones incompatibles con la función pública".
   Este buen muchacho y emprendedor funcionario entre 2008 y 2012 compró letras del Tesoro Nacional con dinero de los jubilados y pese a sus manifestaciones de que esa operatoria “nunca afectó las prestaciones”, el juez federal Claudio Bonadio lo encartó, al considerar que Di Césare “financió durante cinco años al Estado Nacional a costa de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación”.
   Según el magistrado, las operaciones de inversión en letras del Tesoro por parte del PAMI entre 2008 y 2012 ascendieron a la bonita suma de14.810 millones de pesos y Bonadio resaltó que "esa operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión".
   Si tomamos el tema como una cuestión cuantitativa, supongamos que esas fueron las tres primeras manchas del tigre, que por su cantidad pasarían casi desapercibidas aunque la realidad -como siempre- se encargó de demostrar lo contrario con mayor velocidad que la historia misma siempre apegada a la pachorra de los años.
   El bueno de Di Césari -por ser el responsable del PAMI- hizo las cosas mal o permitió que así se hicieran, porque seguramente tendría que haberle llamado la atención, por ejemplo, que un médico -“trucho” o no- emitiera 39.000 (treinta y nueve mil) recetas en un año.
   O que una anciana octogenaria consumiera fármacos para la hipertensión arterial por más de 100 pesos mensuales con un detalle revelador por lo curioso: la señora falleció en agosto de 2013 y en el PAMI menos que menos su presidente, nadie se avivó que a las pocas semanas “esa paciente” necesitó elevadas dosis de insulina y de tiras reactivas que jamás antes había consumido, con el agravante que pese “a residir” en Capital Federal empezó “a comprar” en farmacias de San Isidro y Ramos Mejía, “consumiendo” post mortem fármacos por 150.000 pesos, como también fueron detectados casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento comprados en boticas de cinco provincias diferentes.
   El actual titular del PAMI, Carlos Regazzoni, presentó la denuncia formal de estos y otros casos señalando como responsable a su antecesor Di Césare y consignando que desde 2013 el organismo viene pagando aproximadamente 500 millones de pesos anuales por la compra de medicamentos de afiliados ya fallecidos, habiéndose detectado por ahora 7.500 casos.

  Según Regazzoni esto ocurrió ante la inexistencia de controles internos, omisión de cruce de datos del padrón de afiliados con el registro de fallecidos y porque había médicos que fraguaban recetas -o se las fraguaban- en muchos casos con la connivencia de las farmacias e incluso de la propia industria.
   Estos medicamentos eran luego revendidos vía “mercado negro” a clínicas y droguerías, en un circuito perverso que mes a mes se fortalecía al amparo de las complicidades y la impunidad, hasta el punto que desde 2011 el PAMI no ha presentado balances, las autoridades salientes el 10 de diciembre dejaron de regalo una deuda de 5.000 (cinco mil) millones de pesos vencida y un déficit operativo mensual que supera los 200 millones de pesos.
   Del crónico atraso en los pagos a las farmacias, el PAMI ha regularizado sus obligaciones y ahora atienden a esta obra social con absoluta normalidad.
   A decir verdad, siempre en todas las administraciones estatales se dieron rapiñas y la más variada gama de la corrupción, pero pocas veces esto comparable a la vileza de robar flores de los sepulcros y tan repudiable como la profanación de tumbas que es donde los muertos -no todos- descansan en paz.
   Ahora y para los tiempos venideros, esta situación deberá inscribirse en la cacareada “década ganada” y transformarse en una de las más resonantes causas judiciales que involucran a personeros del superado modelo “nacional y popular”.  
Gonio Ferrari