4 de junio de 2017

S.L.B.: SANTA CRUZ Y UNA DUDOSA MUERTE, EN LA MIRA - ¿RUBÉN DANIELE ES DIRIGENTE O AGITADOR SINDICAL? - DESPOJO "CORDOBESISTA" A LOS JUBILADOS - LA MEGACAUSA Y UNA OPORTUNA COMPARACIÓN - BARES Y HOGARES CONDENADOS A LAS TINIEBLAS - INVITACIÓN PARA EL 21 DE JUNIO - INSENSIBILIDAD DE LA APROSS Y UN MEDICO EN HUELGA DE HAMBRE - HARTOS DE LA UTA CAPRICHOSA, ETC.

Desgrabación de los comentarios del periodista Gonio Ferrari en su programa “Síganme los buenos” del 04/06/17 que emite AM580 Radio Universidad de Córdoba.

 SANTA CRUZ, ALICIA “K” Y ALDO DUCLER
   En las últimas horas se han producido hechos que parecen inconexos, pero si los unimos desde el punto de vista geográfico, tienen un lugar casi en común que es la sureña provincia de Santa Cruz.
   Por una parte la gobernadora de aquel estado, Alicia Kirchner, declaró su beneplácito tras una reunión que mantuviera con el presidente Mauricio Macri, quien le anunció que acudía con un salvataje de 2.000 millones de pesos para superar la crisis financiera total que enfrenta Santa Cruz.
   Aquellos nostálgicos y a la vez negadores de la realidad que se vivía y se vive en el feudo kirchnerista, deberán soportar los efectos de un necesario ajuste gradual que termine con los desatinos políticos y financieros que allí se perpetraron.
   Una eventual intervención federal que algunos sectores “K” necesitaban para volver a su vieja práctica de la victimización ha quedado alejada, y serán los responsables de la provincia los que deberán superar la situación aplicando ajustes que ellos mismos censuran cuando parten del poder central.
   Y el otro hecho fue la súbita muerte del financista Aldo Ducler, de 75 años, acaecida en la vereda de la porteña calle Corrientes al 400, muy cerca de sus oficinas.
   Ducler, de acuerdo con fuentes confiables, tuvo una muy cercana relación con Néstor Kirchner gestionándole entre otras cosas los 630 millones de dólares que finalmente Carlos Saul I de Anillaco entregó a Santa Cruz en compensación por la privatización de YPF.
   Llama la atención, al conocerse las actividades y los antecedentes de Ducler, que había ocupado la secretaría de Economía siendo presidente de la Nación Reynaldo Bignone en los últimos tramos de la dictadura militar como también, como dato meramente anecdótico que en los años ’90 una de sus secretarias era una joven licenciada en Economía egresada de la Universidad Católica, cuyo nombre era y sigue siendo Máxima Zorreguieta, actual reina consorte de Holanda.
    Entre las actividades de Ducler figuran sus vinculaciones con los narcos del cártel de Juárez,  la compra de estancias, un hotel en Mar del Plata y otras inversiones, operaciones que fueron descubiertas no por argentinos sino por la aduana de los Estados Unidos, la Justicia norteamericana y el senado de aquel país.
   Días atrás y en declaraciones al canal 26 de televisión, Ducler comentó que se había presentado ante la Justicia argentina para denunciar y pedir que se investiguen los fondos de Santa Cruz, agregando que nunca había manejado ese dinero y que tampoco conocía a Néstor Kirchner.
   En vida el personaje al que hacemos referencia fue presidente del M.A. Bank y entre otras ocupaciones, socio de Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y también años atrás, asesor financiero del tucumano Palito Ortega.
   El miércoles pasado, vaya casualidad, la Cámara Federal ordenó a la unidad de Información Financiera, investigar todos los vínculos que pudieran haber existido entre Ducler y los Kirchner.
   Lamentablemente, el infarto fue más rápido que la Justicia.
   Algo así como parecido a un caso Nisman, pero callejero …

DANIELE, DEL LIDERAZGO A LA AGITACIÓN

El escenario aparece como el resultado de una fina tarea de inteligencia aplicada a provocar reacciones que a su vez multiplican otras reacciones que culminan en censurables actos de violencia, los que a su vez generan una acentuada corriente de rechazo ciudadano hacia un emblema del caos urbano que es el dirigente Rubén Daniele, atornillado desde tres décadas atrás en la conducción del gremio municipal.
    Su método de lucha por reivindicaciones o caprichos fue siempre violento, agresivo, amenazante y destructivo y aún es difícil olvidar cuando al Palacio 6 de Julio lo atacaban lunes, miércoles y viernes despedazando vidrios, arrojando computadoras desde los pisos superiores y ”apretando” a los empleados que no se plegaban a esas actitudes “de lucha” para atemorizar a las autoridades y menoscabar con un absoluto desprecio los derechos de los vecinos.
    Como si la consigna para mantenerse en la cúpula sindical fuera ataviarse de guapo,
Daniele hizo de tal estilo una costumbre que las autoridades elegidas por el voto popular ni la justicia, fueron capaces de neutralizar con la ley en la mano y en salvaguarda de los sagrados intereses de la comunidad por encima de las apetencias sindicales.
    Muchas veces se dijo que la paciencia de los cordobeses de bien se agotaría y de alguna forma harían tronar el escarmiento. El avezado y crepuscular dirigente mordió el anzuelo y reaccionó frente a la “mojada de oreja” que representaba la detallada difusión de los sueldos de sus protegidos, beneficiarios a la vez del vandalismo y las injurias a la población, que eran los mecanismos para doblegar a un poder político irresoluto, vacilante, timorato y rayano en lo pusilánime, por mostrar actitudes ciclotímicas al permitir que la ciudadanía cordobesa se resignara a ser masiva rehén de un gremio insaciable.
    Reiteró y agravó sus amenazas, prometió caos como si tal estado no existiera por abandono laboral y enardeció a sus seguidores de aplauso fácil. Acudió a la Justicia -la misma Justicia que pasó por alto e inexplicablemente sus reiteradas bravatas- en demanda de silenciar la divulgación de sueldos, refrigerios, horas extras y otras gangas de los empleados municipales, injuriando de paso a los honestos servidores comunales que no comulgan con sus métodos patoteriles.
    Es probable que no haya sido correcta la medida que bien puede ser tomada como una irrespetuosa intromisión en la intimidad de los empleados, pero la cercanía con el adiós a la conducción eliminó la prudencia que históricamente Daniele nunca tuvo y soltó sapos y culebras a mansalva, que fueron la gota que el vaso de la tolerancia necesitaba para rebalsar.

    Cuando el poder se desentiende de proteger a los vecinos, las redes sociales demostraron ser un óptimo mecanismo para hacerse escuchar, perder los miedos, reaccionar condignamente frente a tantos atropellos e inducir a la legítima defensa: se conocieron detalles de sueldo, domicilio teléfono familiar, etc. de Daniele como para hacerle beber su propia medicina, imaginariamente corporizada en la quema de cubiertas, ataques pirotécnicos y acústicos, caotización urbana, emergente vagancia, instigación a la violencia, amenazas y agresiones a periodistas y otras lindezas de las que zafó en los últimos tiempos.
    La Ley es la Ley y ante la Ley tendrá que responder -ya era hora- por tantas injurias amparadas en una inexplicable impunidad, por miedo a la inquietud social o  temor político a pagar altos precios por reinstaurar el orden y el respeto.
    Somos los cordobeses, obligados rehenes de esas cúpulas obreras que sólo exhiben como válidos argumentos el desorden y la prepotencia, quienes merecemos a través de la Justicia recuperar nuestro derecho a una ciudad vivible y no un coto de caza, reservado a unos pocos cabecillas del vandalismo, disfrazados de dirigentes gremiales.

SISTEMÁTICO DESPOJO A JUBILADOS

    Es para pensar, cada día con mayor fundamento, que los gobiernos demagógicos que se mantienen con la cosecha de votos lograda merced al marketing, necesitan un financiamiento permanente que aleje las fundadas sospechas de estar colectando dineros de empresas o particulares, los que después se benefician con obras u otras ventajas que reciben por haber prestado su “colaboración”.
   Y como en tal sentido alguien “levantó la perdiz” y tienen que rendir detalladas cuentas, lo que nunca hacen, esa situación lleva a pensar inexorablemente que el equipo gobernante debió echar mano a la ilegalidad para proveerse de fondos, y nada mejor entonces que injuriar al sector más desprotegido de la sociedad, que son los pasivos.
   Si el equipo autor de la alquimia matemática de rapiñar a los jubilados en nombre de una ley trasnochada, recibió como premio el manejo de un ministerio como el de Economía y Hacienda, es por algo y ese algo es la facilidad e impunidad con que manejan tanto los números como los escondrijos, vulnerando los derechos de los pasivos cayendo en un error que les puede resultar fatal: especulan con su escaso “poder de fuego” y de protesta aunque olvidan que los jubilados y sus familias también votan.
   El descuento del impuesto a las ganancias a los jubilados es inconstitucional y así lo dice la ley, para aquellos que no tributan por bienes personales pero la Caja de Jubilaciones de Córdoba lo desconoce aduciendo que solo es agente de retención, que no existen precisiones y descargando las culpas sobre la AFIP por descontar desde 27.941 pesos en lugar de hacer lo correcto, que es sobre pesos 38.369.
   ¿Qué puede pasar?
   A la luz de las experiencias y los padecimientos de los más viejos -o menos jóvenes pero aún pensantes- es altamente probable que el gobierno de la provincia aproveche esta
situación para agregar un impacto de campaña: reconocer la falencia y anunciar antes de octubre que son las elecciones, “un acto de justicia” para con los jubilados, actualizando las cifras y prometiendo devolver lo malhabido, allá por febrero próximo y en cuotas y sin intereses, con lo que especulan habrán de sumar votos a un caudal devaluado por los desaciertos, el endeudamiento, los alevosos gastos en publicidad oficial y todas las falencias en seguridad, educación, salud, justicia y acción social.
   Tomándolo con liviandad, es para recordar con nostalgioso dolor los oscuros tiempos de las hiperinflaciones, cuando se hacían depósitos de fin de semana para ganar unos pocos pesitos que se cobraban el lunes.
   El “cordobesismo” atrasó el reloj y los almanaques, porque está visiblemente operando a plazos con el dinero de los jubilados, intentando cubrir los huecos de su despilfarro.
   Esos huecos, llegado el momento, se verán en las urnas.

LA MEGACAUSA Y UNA COMPARACIÓN 
   Es tapa del diario La Voz del Interior de este domingo un artículo que informa  que en 13 años el Fuero Anticorrupción dictó siete condenas, con un solo preso y refresca la memoria de los cordobeses indicando que en el año 2003, se impulsaron desde el gobierno provincial dos leyes que crearon este fuero para investigar todas las denuncias por corrupción con la obligación de juzgar estos delitos por jurados populares.
   Asimismo el rotativo afirma que  ningún funcionario del gobierno provincial ha  sido condenado y  que muchas  causas fueron trabadas por presión política y judicial, o por maniobras desprolijas, como promover el Fiscal a Juez de Control con lo que se tendrá que apartar de las causas en que intervino como fiscal.
   Como broche final propone una comparación, diciendo que en la mitad del tiempo la Unidad de Casos Complejos que encabeza el Fiscal Gavier mandó a prisión a 104 personas, 10 de ellos funcionarios del Registro de la Propiedad.
   Esta curiosa comparación merece algunos interrogantes: ¿Por qué esta Unidad se dedica sólo al Registro desde hace 14 años? ¿Cuáles son los 10 funcionarios condenados? ¿Qué se dice sobre la prisión preventiva sistemática que  fue declarada inconstitucional?
   Si es por interrogantes sin respuesta, vamos con algo más: ¿Dónde está detallada la profesión y situación económica de los 104 condenados?¿Qué pasa con los absueltos que permanecieron tres años presos? ¿Por qué no intervinieron juzgados populares en lugar de una única comisión especial? ¿Por qué no hay ningún funcionario del gobierno provincial imputado en esta causa? ¿Será casualidad que la causa  se haya comenzado  a investigar en el año 2003, con esmerado afán en encarcelar y condenar ordenanzas, secretarias, empleados y gente común, con pomposa difusión mediática?   
   Me pregunto por qué, entonces, no se traslada este equipo tan eficiente al Fuero Anticorrupción, para investigar lo que la ciudadanía cordobesa reclama desde años atrás sin encontrar eco en quienes se autotitulan honestos e inmaculados a carta cabal.
   Lo digo para que alguna vez podamos gritar que sin ninguna presión política, el “cordobesismo” delasótico y schiarético hizo justicia. 

LOS BARES Y LAS TINIEBLAS INEVITABLES

   Cualquier caminante de nuestras peatonales, de los shoppings o de los barrios habrá tomado en cuenta la cantidad de locales comerciales que muestran esos decadentes carteles que son el documento gráfico de la crisis, se puede sostener, pero al averiguar caemos en cuenta que el factor determinante de la mayoría de los cierres es el desmedido aumento de la tarifa eléctrica.
   Más allá de la realidad que muestra como más onerosa la energía que el alquiler, están las derivaciones de esos quiebres comerciales porque suponen pérdidas  de mercadería, desocupación y otras secuelas.
   La tarifa eléctrica se ha transformado al menos en Córdoba en el factor de mayor incidencia en los aumentos de precios, o sea que la EPEC es una generadora de inflación, en momentos que se hacen denodados esfuerzos para controlarla y desterrarla de la habitualidad de los argentinos.
   Ya hicieron punta bares y confiterías, anunciando que buscarán implementar precios diferenciados para la actividad una vez que muere la iluminación natural y les asiste razón frente al despojo que significa estar pagando la tarifa más alta del país por los desmanejos de la empresa proveedora, aunque sus directivos se empeñan en vender una imagen de eficiencia que nadie cree.
   Y si evaluamos la situación en su conjunto, no olvidemos que uno de los factores más necesarios a la hora de hablar de seguridad es la iluminación, porque la delincuencia es socia de las penumbras que por ahora reina en la mayoría de las calles y reinará en una enorme proporción de los hogares cordobeses.
   Pero mientras el gobierno provincial mire hacia otro lado cuando la sociedad reclama por el abuso, nada se solucionará porque el desquicio de sus números reclama fondos y es por eso que las consecuencias del despilfarro requieren acentuar la presión con la electricidad, las quitas en las jubilaciones, el deterioro de los servicios de la Apross, la falta de insumos para
cumplir con otras prestaciones, la presión impositiva y la transformación de la Policía Caminera en organismo más recaudador que afectado a la prevención.
   Si se le busca una explicación a los ajustes, no faltarán quienes sostengan que como no tienen viento a favor para las próximas elecciones, hay que intensificar las campañas publicitarias y eso sale caro.
   Lo malo es que, pensemos como pensemos y aplaudamos o repudiemos al actual poder provincial, lo mismo le estamos pagando la campaña proselitista.
   A lo mejor por eso, tendríamos que pensar en despedirlos hasta que los tiempos cambien, porque han demostrado durante demasiados años, ser tan útiles como cenicero en la moto.

CONVOCATORIA PARA EL 21 DE JUNIO

    Como siempre lo hemos sostenido, la radio aparte de entretenimiento, vehículo de cultura y de noticias, asume el papel de servicio a la comunidad por alcance y masificación.
   Este espacio no es la excepción -que a veces suele ser más notoria que la regla- por habernos establecido objetivos claros, entre los que están la crítica al poder cuando es necesaria y la protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
   Y entre ellos están los más viejos; los tantas veces marginados e injuriados luego de haber sido utilizados hasta transformarlos en descartables y víctimas de abandonos y de olvidos, contradiciendo aquella visión de la sabiduría encarnada en la edad cuando más avanza.
   Además y por formar parte ya de tal segmento etario, el compromiso es mayor cuando tenemos en nuestro poder algunos elementos que se aplican a procurarles una mejor calidad de vida; una mayor dignidad en esos años que debieran ser de un dorado jubileo que la mayoría no consigue alcanzar pese a la entrega. la dedicación, el esfuerzo y los aportes monetarios de tantos años.
   Por eso, el miércoles 21 de este mes a las 5 de la tarde  junto al Dr. Héctor Silvestro, reiteraremos un encuentro con adultos mayores y con todos quienes necesiten orientación acerca de los trámites necesarios para encarar cualquier gestión en el campo de las jubilaciones y pensiones…
   El encuentro será en el Hotel Avenida, de Bedoya 278 barrio Cofico, el miércoles 21 del corriente mes a las 17, ocasión en la que también tendremos la presencia de  la Sra. Natalia Perez Lujan, asesora en servicios médicos.
   Como la capacidad del local es limitada, se aconseja a las personas interesadas en asistir, hacer la reserva de lugar por mail a siganmelosbuenos580@gmail.com o llamando al teléfono 471-2130.  

LA FRÍA INSENSIBILIDAD DE APROSS

   Algo anda mal en los organismos estatales afectados a la atención de la salud, cuando es necesario presionar con una huelga de hambre para tener acceso a un derecho que figura en los papeles pero está ausente en la sensibilidad que debieran tener los gobernantes.
   La obra social de los empleados públicos provinciales en actividad, jubilados o pensionados, es una gigantesca estructura de personal que lógicamente requiere un abultado presupuesto, al que contribuyen los afiliados cautivos con sus aportes que no son pequeños, porque si tomamos el ejemplo de un sueldo de más o menos 25 mil pesos, se tributan alrededor de dos mil a esa obra social.
   Sin embargo, ocurre que a la hora de requerir atención hay que pagar coseguro -que antes se llamaba plus y estaba prohibido- esperar turno por un mes porque las clínicas no tienen cupo o peregrinar para conseguir una prótesis porque la burocracia no tiene relojes, sino obstáculos.
   No todos los medicamentos del vademécum argentino, que es el más nutrido del mundo, tienen cobertura sino que cuando se trata de los más baratos, allí sí se opera algún descuento y es indecible el tramiterío necesario para conseguir que un enfermo sea considerado crónico y acceder así a la atención y los remedios prescriptos.
   Por allí a uno se le ocurre pensar que la Administración Provincial de Seguro de Salud invierte demasiado dinero en personal y a la hora de equilibrar los números, presta mayor atención a los empleados que a los enfermos porque el deterioro de las prestaciones es creciente y el número de empleados sigue aumentando, pese a la incorporación de tecnología informática que según decían, limitaría la planta de dependientes.
   Si se trata de un resfrío, de gripe o de tos vaya y pase, pero jugar con los tratamientos oncológicos o con la urgencia de una prótesis no me lo tomen como una exageración, pero eso se acerca más a la canallada o la ceguera, que a una simple reticencia en la atención.
      De última, si es necesario resumir la situación, es para pensar que el componente de menor valor en el organismo encargado de atender la salud de los empleados y jubilados de la provincia tendría que ser la sensibilidad.
   Pero todo indica que en el vademécum de su atención, tal elemento no existe.


   Seguidamente se tomó contacto con el Dr. “Pecas” Soriano, quien desde hace unos días inició una huelga de hambre, sin ingerir sólidos, en la puerta de la Administración Provincial de Seguro de Salud, de la ciudad de Córdoba, para protestar por la demora de ese organismo primero en reconocerle una prótesis ocular que le era imprescindible y posteriormente por la tardanza  incurrida en el trámite de reintegrarle el costo que debió solventar de dicho elemento, que era de urgente aplicación. El Dr. Soriano -de amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la medicina mediterránea- conversó telefónicamente con Gonio Ferrari, aportó una serie de elementos legales que avalan su reclamo y por otra parte desvirtuó una sospecha, planteada desde el poder, que habría utilizado documentación apócrifa para formalizar su requerimiento, El audio completo de esa entrevista es parte del segmento correspondiente de la edición de ayer domingo 4 de junio de 2017 de “Síganme los buenos”, que así identificado está ubicado en la columna derecha de este blog.


HARTOS DE LA UTA CAPRICHOSA

   Por allí merodeaba la versión que los sectores en pugna en la interna de la UTA hasta habían llegado a prometerse tiros a la hora de plantear sus diferencias, que estallaron estos últimos días con una absurda paralización de servicios aduciendo causas ajenas a los usuarios, como es la calidad de los coches y otras estupideces.
   Dejando de lado los intereses que sin dudas están en juego por la desmedida apetencia de
acceder al control sindical, es el poder concedente o sea la Municipalidad de Córdoba, el organismo que tiene la obligación de restablecer las prestaciones o de lo contrario aplicar las sanciones o los correctivos que sean necesarios.
   Todavía está fresca esa imagen del escrache, desmedido para mi gusto, de dar a conocer sueldos y datos personales de la planta municipal, pero hay que tomarlo como parte del escarmiento de la sociedad contra quienes los injurian con sus desplantes pese a los altos salarios que perciben, precisamente, de una sociedad presionada por los tributos.
   Y en el caso de los choferes de la UTA se da una situación parecida en cuanto al rechazo, no por la sospechada envidia de lo que cobran como sueldo, sino por su empecinamiento de reiterar esa maldita costumbre de alentar la lucha de trabajadores contra trabajadores, por lo que pierde la masa obrera con cada paro sorpresivo de los choferes.
   Las autoridades ya están sobre aviso que el problema se puede reiterar, como para que adopten los recaudos legales tendientes a neutralizar una acción tan perjudicial como lo es paralizar los servicios sin causas que lo justifiquen.
   Los usuarios ya agotaron su paciencia, y entonces a no extrañarse si el escarmiento se manifiesta de cualquiera de las maneras que puede reaccionar un trabajador menoscabado en sus derechos por sus pares, y después a no mariconear porque los insultan…